Líderes criminales en la sombra

Tomás Sánchez

Las organizaciones criminales no solo son más violentas, sino que más sofisticadas en sus capacidades, procesos y recursos. Responder únicamente con más dotación policial probablemente nos lleve a encarcelar peones, pero no a desarticular efectivamente los sistemas económicos que se alimentan de la violencia. Es necesario adoptar estrategias y acciones que apunten al trasfondo financiero, soporte y objetivo final: el lucro ilegal.

Un buen comienzo es entender la respuesta de países que nos llevan ventaja. La Comisión Europea estimó que los ingresos criminales alcanzaron el 1% del PIB del viejo continente durante 2019. Dos años más tarde, el mismo organismo presentó una estrategia contra el crimen organizado, basada en cuatro pilares: impulsar la cooperación policial y judicial, mejorar la eficacia investigativa, adaptación a la era digital y eliminar las ganancias generadas por el crimen organizado, previniendo la infiltración en la economía formal.

El último punto se traduce en tres bajadas concretas: reforzar las medidas de recuperación de activos y blanqueo de capitales, fomentando las investigaciones financieras; reforzar las medidas anticorrupción; y abordar la infiltración en la economía y la sociedad, en base a mejor coordinación entre autoridades y supervisión de empresas y sectores en riesgo.

Si aplicamos estas iniciativas a Chile, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), existen importantes tareas pendientes en relación a las ganancias ilegales.

La GAFI es la entidad global que establece los estándares para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo, principalmente, entre otras actividades ilegales. Es la instancia de cooperación entre gobiernos que monitorea y supervisa el riesgo de países en relación con sus prácticas, reglamentos y capacidades para prevenir y perseguir criminales, en cuanto a su financiamiento y actividades económicas. En su último reporte sobre Chile en 2021, una de sus diez recomendaciones fue mejorar el acceso de las autoridades a información actualizada sobre los beneficiarios finales de las distintas entidades jurídicas, y a su vez, la coordinación internacional sobre este punto.

La realidad es que, en Chile, esta mañana se podría haber constituido una empresa donde sus ejecutivos o dueños tuvieran antecedentes criminales en otro país, y no existe un procedimiento para prevenir su registro ni alertar a las autoridades. A su vez, en caso de que la Policía de Investigaciones sospeche que cierto negocio está siendo utilizado como fachada para actividades ilegales, tampoco tendría acceso ágil y actualizado para conocer a sus dueños. Cualquier narcotraficante con suficiente ingenio leguleyo puede enarbolar una sofisticada arquitectura societaria para esconder su identidad.

Holdings, filiales, exportaciones, importaciones, aduanas, contadores y abogados, son términos cotidianos para las organizaciones criminales. Operan como cualquier otra organización que busca utilidades, pero su ventaja competitiva es la violencia. La realidad es que, hoy en día, la regulación es insuficiente para perseguir y acabar con este cáncer social.

Fortalecer la institucionalidad de la Unidad de Análisis Financiero, con un registro de beneficiarios finales que permita un monitoreo automático y permanente parar mejorar la detección e investigación, es crucial para detener la infiltración criminal en la economía formal. Mientras no abordemos estos aspectos, seguiremos fútilmente persiguiendo piezas aisladas del puzle, sin desarticular estos sistemas criminales de forma efectiva y permanente.